Los cajeros automáticos incluirán la integración de instrucciones por voz para personas con discapacidad visual y conexión de auriculares para mayor privacidad, pantallas con alto contraste cromático, tipografías legibles, interfaces táctiles accesibles y teclados en braille, y botones táctiles diferenciados para personas con discapacidad visual o motora. De la misma manera, se adaptará la altura y disposición de los mismos para los usuarios en silla de ruedas o con movilidad reducida.
Este movimiento surge bajo la Ley 11/2023, que incorpora la Directiva de la Unión Europea 2019/882, y busca eliminar barreras y garantizar un acceso igualitario a los servicios financieros.
Se estima que en España hay más de 4,3 millones de personas con alguna discapacidad reconocida, por lo que este cambio legislativo representa un gran avance hacia una banca verdaderamente inclusiva. Desde la Asociación Española de Banca (AEB) ya se ha manifestado su apoyo a esta medida destacando que la accesibilidad no es solo un deber legal, sino una oportunidad para mejorar al cliente y combatir la exclusión financiera.
Adaptación progresiva de los cajeros automáticos
Los bancos disponen de un tiempo de adaptación para la adecuación de los cajeros que se dividirá en dos fases: los nuevos cajeros automáticos que se instalen a partir del 28 de junio de 2025 deberán cumplir inmediatamente con los requisitos de accesibilidad; por otro lado, los cajeros actuales dispondrán de un plazo hasta el 29 de junio de 2030 para adaptarse. Sin embargo, los dispositivos que superen los 10 años desde su puesta en funcionamiento tendrán que ser reemplazados o actualizados antes de agotar su vida útil.
Con este período de cinco años se busca aliviar la carga económica que supone para las entidades financieras permitiendo actualizaciones graduales. Este enfoque busca equilibrar el cumplimiento normativo con la realidad económica del sector financiero, que deberá realizar inversiones importantes para actualizar más de 47.000 cajeros distribuidos por toda España. El coste estimado por unidad podría oscilar entre los 1.500 y los 3.000 euros.
Ley Europea de Accesibilidad
Este cambio normativo no solo responde a una adecuación tecnológica sino también a un compromiso social y legal por parte de las entidades bancarias. La Ley Europea de Accesibilidad que se aprobó en 2019, prevé la implementación de estándares de accesibilidad universales para productos y servicios esenciales en todo el mercado común.
Esto implica la inclusión social y financiera que busca garantizar que todas las personas, sin importar sus habilidades, puedan manejar sus finanzas con autonomía utilizando servicios bancarios accesibles. El objetivo es superar los obstáculos que impiden a las personas con discapacidades visuales, auditivas, de movilidad o cognitivas, manejar su propio dinero y participar activamente en la vida cotidiana.
La legislación responde a una demanda histórica de mayor inclusión social y refleja el compromiso europeo con la igualdad de acceso a servicios esenciales.
Este esfuerzo apunta a una integración más profunda de las personas con discapacidades en la vida diaria, eliminando obstáculos que históricamente han dificultado su autonomía.
