El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy la ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, que entrará en vigor en el plazo de un mes desde su publicación.
Esta nueva normativa fue aprobada el pasado 24 de mayo por unanimidad de los tres grupos políticos representados en las Cortes.
La ley articula un sistema de planificación de apoyos para las personas que tienen limitada su autonomía personal en la toma de decisiones, con el apoyo de unidades de orientación, agentes mediadores y una oficina regional de orientación (que dependerá de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha) y coordinado por la Consejería de Bienestar Social junto a la de Sanidad.
Según explicó en su día la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, la ley cuenta este año con 5 millones de euros de presupuesto y tiene dos "grandes" objetivos: el sistema de apoyo y la garantía de apoyo residencial. Así, el primero abarca la creación de los planes personales de futuro a semejanza de la declaración de voluntades anticipadas en el ámbito sanitario, en las que se pondrán de manifiesto las preferencias futuras de las personas con discapacidad cuando sus familiares falten. El segundo objetivo establece la garantía de preferencia de acceso a la red de recursos de la Junta, una vez que la persona con discapacidad que presenta limitaciones en su toma de decisiones no cuente con apoyos familiares.
La normativa está compuesta por 19 artículos, dos disposiciones adicionales y tres finales, y según destacó Sánchez, es "una respuesta a la preocupación de muchos padres y madres que piensan en el futuro de sus hijos cuando ellos falten".
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