Los ODS 2, 8 y 9 nos recuerdan que combatir la pobreza, garantizar un trabajo digno y construir infraestructuras accesibles son también cuestiones de derechos, autonomía e inclusión.
No hay más que leer detenidamente cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para ver la intrínseca relación que guardan entre sí. El ODS 2 ‘Hambre Cero’, el ODS 8 ‘Trabajo decente y crecimiento económico’ y el ODS 9 ‘Industria, Innovación e Infraestructura’ son solo un ejemplo de ello.
La interseccionalidad no se presupone, se convierte en el pilar de la Agenda 2030. El ODS 8, por ejemplo, pone sobre la mesa una cuestión fundamental: no basta con tener un empleo, ese empleo debe permitir vivir con dignidad. Nos recuerda que combatir el hambre, garantizar el empleo digno y construir infraestructuras accesibles están directamente relacionados con la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de las personas.
Hablar de desarrollo sostenible no significa únicamente hablar de Medio Ambiente, también significa hablar de personas, derechos y oportunidades. Plantean retos que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las personas, con y sin discapacidad, y de sus familias.
No puede existir una sociedad verdaderamente inclusiva si una persona no puede acceder a un empleo en igualdad de condiciones, si sus ingresos no le permiten desarrollar una vida independiente o si las infraestructuras, los servicios y la tecnología continúan dejando a parte de la ciudadanía atrás.
Un contrato precario, un salario insuficiente, la temporalidad, la falta de oportunidades de promoción o unas condiciones laborales que no tienen en cuenta las necesidades de las personas no pueden considerarse un verdadero avance social.
Para las personas con discapacidad, el reto es todavía mayor. El acceso al mercado laboral continúa encontrando barreras relacionadas con la formación, los procesos de selección, la accesibilidad de los puestos de trabajo, los prejuicios o la falta de adaptación de determinados entornos.
Cuando hablamos de ‘Hambre cero’, hablamos de poner fin al hambre y garantizar el acceso de todas las personas a una alimentación suficiente, segura y nutritiva. Pero detrás de estas palabras existe una realidad social mucho más amplia, y es que la pobreza y la precariedad laboral condicionan la posibilidad de elegir, participar y vivir con autonomía.
Cuando los ingresos de una familia son insuficientes, la alimentación, la vivienda, los tratamientos, los desplazamientos o las actividades sociales pueden convertirse en gastos difíciles de asumir. Las personas con discapacidad se pueden encontrar, además, con mayores costes asociados a su vida cotidiana: productos de apoyo, transporte adaptado, asistencia personal, rehabilitación o necesidades específicas que no siempre están cubiertas.
Por eso, luchar contra el hambre y la pobreza también significa garantizar ingresos suficientes, protección social y oportunidades laborales reales.
Trabajar no debería significar sobrevivir.
La inclusión laboral no puede quedarse en “dar una oportunidad”. Se debe hablar de derechos, igualdad salarial, estabilidad, promoción profesional, conciliación, accesibilidad y participación en la toma de decisiones. Una persona con discapacidad tiene derecho a aspirar al mismo futuro profesional que cualquier otra persona, y las empresas y administraciones tienen la responsabilidad de hacer posible ese derecho.
El ODS 9 no puede hablar de innovación y progreso mientras existan barreras que impidan a parte de la ciudadanía participar en igualdad. La accesibilidad universal debe estar en el origen de cada infraestructura, servicio y avance, no añadirse después como una solución para quienes han quedado fuera. No queremos tener que adaptar un mundo que ya está construido, queremos que el mundo se construya desde el principio contando con todas las personas.
La innovación debe ser accesible. No podemos hablar de transformación digital mientras una persona no puede utilizar una plataforma porque no es accesible, realizar una formación online porque no está adaptada o acceder a un servicio público digital porque el diseño no contempla sus necesidades.
Lo mismo ocurre con las infraestructuras. Una carretera, una estación, un centro de trabajo, un edificio público o una vivienda no son realmente modernos si excluyen a parte de la ciudadanía. La accesibilidad no debe incorporarse como un añadido posterior. Debe formar parte del diseño desde el principio.
Las personas con discapacidad no necesitan discursos que hablen únicamente de inclusión. Necesitan derechos efectivos y oportunidades reales. Necesitan poder acceder a un empleo sin que su discapacidad se convierta en un motivo de exclusión. Necesitan salarios que permitan vivir, entornos accesibles, posibilidades de promoción y medidas de conciliación. Necesitan que la innovación esté pensada para todas las personas y que las infraestructuras respondan a la diversidad de quienes las utilizan.
Y necesitan que la sociedad entienda que la inclusión no es un gasto: es una inversión en igualdad, autonomía y futuro.
