En una entrevista publicada en 'Cermi.es Semanal', Joan Ruiz aboga por la implantación de "servicios de atención primaria adecuados" en estos centros, al igual que en los de mayores
El presidente de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Joan Ruiz, ha hecho un llamamiento para "repensar" el modelo de residencias de personas con discapacidad y mayores tras la situación que se ha vivido en ellas durante la pandemia de COVID-19.
"Si hay que repensar las residencias de mayores, también las de personas con discapacidad. Por ejemplo, se está hablando mucho de que tiene que haber servicios de atención primaria adecuados en las residencias de mayores; pues exactamente igual en las de personas con discapacidad", afirma el diputado socialista en una entrevista publicada en Cermi.es semanal.
Ruiz lamenta las dificultades que ocasionado la crisis sanitaria en el trabajo de la comisión parlamentaria que preside, aunque recuerda que en septiembre termina el plazo de enmiendas para la modificación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en la que se incluirá la regulación de la accesibilidad cognitiva, clave para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, un tema en el que en España "estamos muy atrasados", según reconoce el diputado.
También resalta que desde esta comisión se trabaja de forma transversal con otras comisiones de la Cámara Baja cuando tratan asuntos que afectan a la discapacidad. Este es el caso de la Comisión de Justicia, que tramita la reforma del Derecho Civil para pasar del modelo de incapacitaciones a otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones, al tiempo que debate también la reforma del Código Penal para erradicar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad.
El parlamentario socialista critica el retraso en la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para acabar con los actuales criterios de copago, una cuestión sobre la que el CERMI presentó una iniciativa legislativa popular (ILP) hace cuatro años, tras haber recabado la firma de 740.000 personas. En su opinión, "no puede ser que esos copagos sean una barrera" para acceder a medicamentos y otros servicios de apoyo. "Eso no nos lo podemos permitir", sentencia.
Asimismo, para avanzar hacia la plena inclusión social, destaca la relevancia de garantizar la accesibilidad universal en entornos, bienes y servicios, ya que la discapacidad "no puede ser un impedimento para que una persona acceda a lo que accede cualquier otro ciudadano".
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