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El bloque de viviendas sociales de Toledo que ha pasado de “oportunidad” a “esclavitud” para más de 90 familias

Publicado por redaccion el Miércoles, 29 de Junio de 2022 - 14:09

Peleas, robos, drogas, prostitución, ocupación, destrozos o falta de limpieza son algunos de los problemas que denuncian estas familias, que piden soluciones “de inmediato” a la Empresa de Gestión de Infraestructuras

El bloque de viviendas sociales de Toledo que ha pasado de “oportunidad” a “esclavitud” para más de 90 familias

Cuando se inauguró hace ya más de una década era “una perita en dulce”, pero desde el año 2016 el vecindario del bloque de las 148 viviendas sociales del Polígono de Toledo está “cansado” de los conflictos que se dan en esta comunidad. Peleas, robos, venta de drogas, prostitución, ocupación, elementos comunes rotos y deteriorados o la falta de limpieza son algunos de los problemas que denuncian las más de 90 familias que piden soluciones “de inmediato” a la Empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman).

Con el objetivo de concertar una reunión y abordar propuestas que les permitan vivir “en una comunidad digna”, alrededor de una treintena de afectados se ha manifestado este martes a las puertas de la empresa pública de la Junta que administra las viviendas y cuya sede se ubica en el mismo barrio.

“No podemos vivir como estamos viviendo. Nos toman como delincuentes y somos personas que nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente cada día”, señala Mari Carmen, una de las representantes vecinales, que afirma que no disponen de luz en el patio común ni en los portales y que las puertas de entrada no se pueden cerrar.

Esta comunidad, que se localiza en la calle Río Yedra 8 del barrio toledano, consta de viviendas con entre 1 y 4 dormitorios que se destinaron al alquiler social con y sin opción a compra. Los inquilinos no disponen tampoco desde hace unos meses de los garajes ni de los trasteros, cerrados para evitar “actividades criminales” por las personas que están ocupando los mismos y que, denuncian, trastocan la convivencia en el bloque.

El cierre de garajes y trasteros conllevó también una rebaja del alquiler que muchos vecinos no consideran “social” -afirman que en los pisos más grandes asciende a 600 euros al mes- y que otros han dejado de pagar por “la falta de soluciones” a los problemas que llevan años denunciando, a los que se suma la falta de seguridad y la imposibilidad de hacer uso de zonas comunes.

“Tenemos que entrar a casa con una linterna por las noches, los cuartos de los contadores están abiertos, hay buzones rotos... en ninguna comunidad se lo que hay en esta”, agrega Mari Carmen, que reclama una reunión con responsables de Gicaman ya que con las comunicaciones por escrito no han logrado solucionar las dificultades que trasladan en su convivencia.

Rebaja de alquileres

En este sentido, apuntan que Gicaman les ha propuesto reducir en un 50% el alquiler -al que se suma el pago de la comunidad y del IBI- con la condición de que cada mes paguen parte de las deudas acumuladas, ya que buena parte de los inquilinos tienen dificultades económicas para frente al precio establecido por estas viviendas de protección oficial.

“En abril presentamos unas condiciones y no nos han respondido”, explica Mari Carmen sobre la petición que realizaron los vecinos posteriormente de establecer un alquiler máximo de 200 euros por familia. “No queremos que nos regalen nada, queremos pagar nuestras viviendas pero que ellos correspondan también”, subraya esta vecina que sí sigue abonando su alquiler.

“Gicaman, que es el administrador de la comunidad, que haga algo y ayuda a quien no puede pagar para que podamos tirar hacia adelante”, insiste sobre los alquileres establecidos en esta comunidad que otras muchas familias han abandonado en los últimos años. Precisamente, otro de los problemas que denuncian es que las viviendas que quedaban vacías no se han adjudicado a demandantes de vivienda pública, lo que ha propiciado también “el mercadeo” de las mismas, apuntan otros inquilinos de las 148.

El vecindario lamenta sentirse “totalmente abandonado” por la Administración en una comunidad en la que cada noche “hay 20 o 30 personas de fiesta” que “tienen a perros sueltos en el patio” y que provocan “destrozos” en el bloque. “Todos los días tenemos algo y lo sabe la policía. Esto es de vergüenza”, apuntan.

“Se ha hecho un gueto y no se está solucionando”

En la manifestación, convocada por la Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna en Toledo, ha estado también presenta Olga Ávalos, concejal de IU Podemos en el Ayuntamiento de Toledo y responsable de Vivienda de IU Castilla-La Mancha. A su juicio, en este bloque de viviendas “se ha hecho un gueto trayendo a personas con problemas que no se está solucionando”.

“No es lo mismo ocupación que delincuencia”, subrayaba la edil, que aunque reconoce que “hay delincuencia” en esta comunidad, precisa que “no se puede generalizar” porque “no son la mayoría” de personas que viven allí. A su juicio, “existen soluciones que deben ofrecerse a personas que, en algunos casos, han dejado de pagar porque no pueden hacer frente a los altos precios del alquiler”, “familias que viven en precario y que necesitan ayuda”.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha mostraba su intención de recuperar las 148 viviendas de dicha promoción cuando tomó la medida “drástica” de cerrar los trasteros y los garajes. Además, según indicó el consejero de Fomento, Nacho Hernando, han invertido 400.000 euros en arreglar “las cosas que rompen” y en blindar las tomas de luz y de agua.

“Un hueso duro de roer”

“Las 148 de Toledo son un hueso duro de roer. Sabemos que tenemos que tomar decisiones, las estamos tomando, aunque algunas no dependen de nosotros y por eso estamos pidiendo ayuda”, subrayó Hernando, que respecto a las ocupaciones ilegales en la vivienda pública apuntó que la actitud del Gobierno regional “no es la de mirar a otro lado”. “Se utiliza todo el poder de la ley para que haya justicia”.

En este sentido, cabe recordar que las acciones legales de carácter penal y civil en diversos casos de ocupación ilegal impulsadas por el Gobierno regional han tenido como resultado 20 sentencias condenatorias por el mismo número de ocupaciones en esta comunidad de vecinos que reclama “vivir en dignidad”.

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