El PSOE se ha visto obligado a sacar adelante esta medida en solitario después de que el PP y Ciudadanos hayan votado en contra, aunque rechazaron este canon durante su tramitación
Rocambolesca situación en las Cortes de Castilla-La Mancha a cuenta de la suspensión del impuesto al agua que se ha tramitado en el pleno y que responde al anuncio de Emiliano García-Page de dar marcha atrás en este canon, aprobado con la nueva Ley de Aguas el pasado mes de febrero. Los motivos: la crisis económica y la subida de la inflación y de los precios derivadas de la guerra en Ucrania. El Grupo Socialista ha llevado a pleno una proposición de ley para la suspensión indefinida del impuesto, que se ha aprobado solo con sus votos, como curiosamente también sucedió con su aprobación.
El PP y Ciudadanos, que arremetieron duramente contra este canon durante la tramitación de la ley, han decidido, no obstante, votar en contra de su suspensión. Alegan “contradicciones” e “incoherencias” de los socialistas y piden su derogación definitiva. En el PP, tal y como ha recordado el PSOE durante el debate, mantiene este impuesto en casi todas las comunidades autónomas donde gobierna, menos en Castilla y León.
De esta forma, la sesión plenaria ha aprobado la suspensión indefinida únicamente con los votos socialistas. La intención del Gobierno de García-Page es abrir un debate en el marco de la Unión Europea para que no llegue a aplicarse y, de momento, la nueva Ley de Aguas sigue en vigor pero sin la aplicación de este canon.
La portavoz del Grupo Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha recordado que la nueva Ley de Aguas de Castilla-La Mancha se aprobó en febrero para mejorar y optimizar la gestión de este recurso, actualizando la normativa regional de 2002 y en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA) del año 2000. Esto implicaba, ha señalado, incluir el canon del agua que ya aplican otras comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP.
“Lo sabe el Partido Popular porque en casi todas las comunidades autónomas en las que gobierna se aplica este canon, pero en Castilla-La Mancha se negaron a la actualización. Y si no hubiéramos actualizado la ley, hubieran llegado sanciones y no fondos europeos. Actuamos con responsabilidad”, ha agregado la diputado.
Pero ha explicado que, igual que destacó Page, el aumento de la inflación tras las sucesivas crisis económicas y tras la guerra en Ucrania ha llevado al Ejecutivo regional a plantear, vía proposición de ley del Grupo Socialista, a suspender “únicamente” la aplicación del impuesto. Según ha dicho, esta decisión, responde a la “sensibilidad, compromiso y sentido común” de la Junta de Castilla-La Mancha.
“Pasar el rodillo”
Los reproches han llegado acto seguido desde la oposición parlamentaria. La diputada de Ciudadanos Elena Jaime ha acusado a los socialistas de “pasar el rodillo” de su mayoría absoluta para suspender el impuesto como lo hicieron cuando se aprobó. En este sentido, ha subrayado que el consejero de Agua, Francisco Martínez Arroyo -presente en el pleno- alegó hace dos meses que el impuesto al agua “no se tocaba”, cuando al final “son ustedes los que vienen a tocarlo, los mismos que decían que no era sino una pequeña carga que no iba a afectar a las economías”.
“No nos conformamos”, ha avisado la parlamentaria, defendiendo su rechazo a la propuesta socialista porque “queremos que se derogue definitivamente” junto con otros cánones que incorpora la nueva ley como los de aducción y depuración, que también suponen “una carga fiscal extra”.
Y en el PP, la diputada Ana Guarinos también ha defendido la derogación definitiva del canon, pero junto con toda la ley, por lo que también su partido ha votado en contra de su “suspensión”. Tras subrayar que Castilla-La Mancha es la región con mayor inflación y “en la que más caro resulta vivir”, ha acusado a la Junta de seguir pensando “en más y nuevos impuestos” y de hacerlo “frivolizando con una guerra y aprovechando la invasión para endosar la culpa a Putin”.
“Antes de la guerra nuestra inflación ya era la más elevada de España y entonces defendían el impuesto porque decían que era una exigencia de la DMA. La presión del PP y la de sus propios alcaldes es lo que les ha hecho reflexionar y lo que provocó que Page anunciara la suspensión de manera indefinida. Lo que era una exigencia inaplazable el 17 de febrero deja de serlo dos meses después. En conclusión, no era cosa de Europa; era, es y seguirá siendo cosa de Page”, ha esperado.
Posteriormente, el debate ha ido más allá del agua. El PP y PSOE se han enzarzado en reproches mutuos sobre el caso de los comisionistas de las mascarillas en Madrid, la mortalidad por la COVID en Castilla-La Mancha, la gestión de la pandemia e incluso los crímenes de ETA.
“Hay otros ingresos y recursos públicos”
Y finalmente ha intervenido el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha destacado la importancia de la nueva Ley de Aguas más allá del canon, porque existen “otros ingresos y recursos públicos”. “Vamos a seguir haciendo inversiones y obra pública en depuración; ese plan se va a llevar a cabo pero lógicamente a menor velocidad” porque el impuesto ahora suspendido “pretendía acelerar ese proceso”. ha dicho. Se ha referido también a cómo ese canon está vigente en comunidades gobernadas por el PP como Andalucía.
El consejero ha precisado que la DMA dice que los estados miembros tendrán en cuenta “el principio de la recuperación de costes de servicios del agua, incluidos los costes medioambientales” y que cuando se transpuso la directiva comunitaria gobernaba el PP imponiendo con ello un canon del agua obligatorio. También ha acusado de demagogia a la oposición, recordando que el presidente del PP regional, Francisco Núñez, pedía en febrero la “suspensión” del impuesto al agua, no su derogación, y las posteriores “falsedades” y “fakes”.
Por último, ha arremetido duramente contra la diputada del PP por haber sacado a relucir cuestiones como los fallecimientos por la COVID o los crímenes de ETA. “Hoy está dentro del fango y no va a poder salir”, le ha espetado.
Finalmente, la propuesta socialista para la suspensión del impuesto se ha aprobado con los únicos votos de la mayoría absoluta del Grupo Socialista. Un canon de ida y vuelta ahora sin aplicación dos meses después de su aprobación.
