La única jueza de violencia de género en Castilla-La Mancha: “Hay que indagar en los motivos por los que una mujer no denuncia”

“Si la víctima no declara, y no hay más pruebas, se dictan estas sentencias absolutorias por las que se alza la orden de alejamiento”, explica Cira García, la única magistrada especializada en violencia de género de Castilla-La Mancha. Ese es uno de los problemas, señala. Que sólo hay un juzgado dedicado a estas materias en la región. Y es por eso que ocurren trágicos casos como la muerte de Ourdia, la cuarta víctima mortal de violencia machista que ha registrado la región en lo que va de año. Fue asesinada en Tarancón, dejando a tres hijos menores de edad huérfanos.

García atiende a elDiarioclm.es justamente después de terminar una orden de alejamiento. “El principal problema es el silencio de las víctimas, porque sabemos que más del 70% no denuncia”, recalca. Ourdia sí había denunciado, pero la orden de alejamiento de su asesino se había levantado a principios de abril. En la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, se describe cómo finalmente no hubo “persistencia en la incriminación” contra su pareja, ya que durante el juicio afirmó que estaba “muy nerviosa, que no recuerda nada, que recuerda que ella lo quería retirar todo, que no se entendía con la Guardia Civil y que no dijo en el Juzgado que el acusado le hubiera amenazado”.

En el mismo documento se señala que sólo se contaba con las declaraciones de la víctima: “únicamente contamos con el testimonio de la denunciante. No existe ningún otro tipo de corroboración objetiva como ya se ha expuesto”. “Si la víctima no declara y no hay más pruebas, se dicta la sentencia absolutoria”, recalca García. La situación, señala, viene de un cambio de criterio del Tribunal Supremo de 2020, en el que se estableció que las personas que declaran ya no pueden acogerse en el juicio correspondiente a su derecho a no declarar. “Es algo que se cambió para proteger a las víctimas”, señala.

Pero la situación de las víctimas de violencia de género no es ni de lejos tan sencilla, como para adaptarse a una jurisprudencia. “Hay que indagar en los motivos por los que una mujer no denuncia”, afirma la magistrada. Y también señala, que cuando se llega a declarar, el sistema debe trabajar para que no sea una declaración “teñida de miedo”. “Si una víctima no se siente protegida durante todas las fases del proceso, entonces se va a retractar el día del juicio”.

Más formación, más especialización

Cira García ha insistido durante años en la necesidad imperante que existe en regiones como Castilla-La Mancha de que haya más juzgados especializados, ya que sólo hay en Albacete, donde trabaja. En los hechos probados de la sentencia que alza la orden de protección se señala que fue en septiembre de 2019 cuando Ourdia acudió al cuartel de la Guardia Civil de Tarancón y afirmó que su marido le había espetado “te voy a matar”. Sin embargo, también se puntualiza que “no ha resultado acreditado que el acusado se dirigiera en los términos reflejados en su denuncia”.

“No se trata sólo de que el juez o la jueza estén formados, sino todos los que están detrás. Y sí, la formación es necesaria, pero también hay que sensibilizar y es un tema en el que tenemos que seguir trabajando”, recalca García. La magistrada afirma que la situación requiere de un análisis crítico. “Y como mejor se sabe es preguntando a las víctimas, escuchar cómo se sienten tratadas y por dónde hay que seguir”, recalca.

Ourdia aseguraba, según la sentencia, que no logró entender a los agentes de la Guardia Civil. “Las mujeres llegan a comisaría muy afectadas y hay que tener mucha paciencia, y se debe ofrecer atención psicológica previa”, explica. Por eso lamenta que no existan Unidades Forenses de Evaluación Integral en todos los partidos judiciales, porque son las que hacen una evaluación previa. Incluso, en otras comunidades como Vàlencia, las dependencias policiales cuentan con profesionales de la psicología para atender en estos casos. “Tenemos que pensar que no saben lo que va a pasar, qué pasará con sus hijos, si el denunciado irá a la cárcel, no saben las consecuencias que supone una denuncia. Por eso tenemos que escucharlas”.

García señala que ya se plantea que exista un grado de protección a las mujeres cuando se vean indicios de violencia, a pesar de que no hayan presentado una denuncia. También para las víctimas, como en el caso de Ourdia, que han tenido un grado de protección pero que se ha terminado. “Una vez que se alza una orden de alejamiento ahora no hay más protección. Habría que articular el sistema para que las víctimas puedan tener un seguimiento y una evaluación de riesgos, a pesar incluso de que exista una sentencia absolutoria”, concluye.