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El Gobierno aprueba el martes la nueva ley del aborto que permitirá interrumpir el embarazo desde los 16 años sin permiso paterno

Publicado por redaccion el Jueves, 12 de Mayo de 2022 - 10:01

La nueva norma aspira a sustituir a la actual, de 2010, y a eliminar los "obstáculos" en el acceso al derecho al aborto. 

Prevé bajas por aborto y menstruación, así como la eliminación del IVA para compresas y tampones. 

 

El Gobierno aprueba el martes la nueva ley del aborto que permitirá interrumpir el embarazo desde los 16 años sin permiso paterno

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el próximo martes el anteproyecto de la nueva ley del aborto en el que el Ministerio de Igualdad lleva casi un año trabajando, según han confirmado fuentes del departamento de Irene Montero a 20minutos. El texto, que pretende enmendar la reforma del PP y volver a permitir la interrupción voluntaria del embarazo desde los 16 años sin permiso de los padres, abarca también asuntos que van desde el propio aborto hasta la educación sexual, la erradicación de la pobreza menstrual o la salud reproductiva. 

Esto se traduce en que el borrador pretende garantizar la interrupción del embarazo en hospitales públicos, prevé bajas laborales por aborto y menstruación, así como el reparto de compresas y tampones en centros educativos, y ampliar la educación sexual en todas las edades.

En septiembre de 2021 se abrió la consulta pública para dar los primeros pasos en la elaboración de una nueva norma -no una reforma- que viniera a sustituir a la actual. El fin último, según se justificó en la consulta, era eliminar los "obstáculos" de la actual norma", aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional. No obstante, este órgano lleva desde entonces sin emitir una sentencia.

La nueva norma se erigirá en base a cuatro ejes principales: la equidad territorial (garantizando ese derecho en todo el territorio), la elaboración de un registro de objetores de conciencia (con un mecanismo parecido al de la ley de eutanasia), que se pueda practicar un aborto sin consentimiento a los 16 y 17 años (y eliminar así la reforma del PP de 2015) y la ampliación de la educación sexual a edades más tempranas.

"Aún existen obstáculos que dificultan el ejercicio efectivo y pleno del conjunto de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en la propia norma del 2010", defendía en febrero la titular de Igualdad, Irene Montero, desde el Congreso de los Diputados. Fue entonces cuando la ministra desgranó y defendió las claves de la futura norma, aunque lo hizo anunciando una "reforma" de la ley de 2010 y no una ley nueva como la que finalmente aprobará el Gobierno el próximo martes. Se mantienen los plazos (aborto libre hasta la semana 14 de gestación), pero se introducen una serie de novedades:

 

 

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Regular la objeción de conciencia

El borrador está todavía "en la última fase de negociación", según cuentan fuentes de Igualdad, pero en los últimos meses se han ido avanzando algunos de los puntos que irán incluidos en el texto, y la regulación de la objeción de conciencia es uno de ellas. La idea es llevar a cabo un registro de objetores con un sistema parecido al empleado con la ley de eutanasia

"Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos. Para ello es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo", aseveró la ministra, asegurando que se respetará "escrupulosamente" el derecho a la objeción de conciencia. 

El objetivo no es otro que el de garantizar que cualquier mujer que decida interrumpir voluntariamente su embarazo pueda hacerlo en su provincia sin tener que recorrer cientos de kilómetros para ello. Y es que, según vienen denunciando organizaciones y el propio Ministerio, hay hasta 12 provincias -Jaén, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora, Soria, Cáceres- que, junto a Ceuta y Melilla, no han practicado ningún aborto en los últimos cinco años. 

Bajas de tres días por reglas dolorosas

La norma, según avanzó Irene Montero, constituye un "cambio de paradigma" para que la salud sexual no se oriente exclusivamente a la gestación, sino a otros ámbitos como la salud reproductiva o menstrual. En ese sentido, la ministra se refirió a la urgencia de prevenir y erradicar la "violencia obstétrica" -la ejercida durante el parto-, aunque desde Igualdad no confirman que ese concepto, fruto de polémica con los sanitarios, se vaya a incluir en la redacción que llevará Igualdad al Consejo de Ministros.

En los últimos meses también se ha ido avanzando la dirección hacia la que pretenden que vaya la futura ley del aborto para eliminar la pobreza menstrual. El reparto gratuito de compresas y tampones en colegios e institutos es una de las medidas planteadas para reducir esa "brecha". Con el mismo objetivo se anunció también la intención de recoger en la ley permisos para las mujeres que padezcan reglas dolorosas (quistes, miomas, endiometrosis, etc.)

Según ha adelantado la 'Cadena SER' este miércoles, las dos medidas están contempladas en el texto. De hecho, la futura norma permitirá bajas por reglas dolorosas de tres días y extenderá el reparto gratuito de productos para la menstruación a mujeres en riesgo de exclusión y reclusas. Asimismo, se eliminará el IVA para los artículos de higiene femenina, un compromiso de investidura al que ha apelado la ministra en numerosas ocasiones (actualmente está en el 10%). Tal y como ha podido conocer la misma emisora, los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después estarán financiados públicamente y se distribuirán en los institutos dentro de las campañas de educación sexual que prevé la ley. 

El departamento de Irene Montero ataca también aquí a los llamados 'vientres de alquiler' (la gestación subrogada), actualmente ilegal en España pero con ciertas lagunas legales. El borrador de la nueva norma lo considera como una forma más de violencia contra la mujer, incluye la prohibición de que las agencias se publiciten en el país y, según la SER, establece que los tribunales españoles podrán perseguir a las parejas que vayan al extranjero para recurrir a estas prácticas. 

Con todo, desde Igualdad van todavía con pies de plomo. Fuentes cercanas a la ministra descartan confirmar las novedades avanzadas este miércoles hasta que el texto esté completamente consolidado. "El borrador está muy encaminado, pero hay cosas importantes que no están cerradas", cuentan, añadiendo que todavía "faltan cosas por negociar". 

¿Y el recurso del PP ante el Constitucional?

Ahora que se sabe que el texto se va a tramitar como una norma nueva y no como una reforma de la ley de 2010, surgen dudas de cómo queda entonces el recurso que presentó el PP ante el Tribunal Constitucional (TC) hace casi 12 años. La previsión es que finalmente la sentencia la declare inconstitucional, según afirma a este periódico Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC. "Si la nueva ley entra en vigor antes de que haya sentencia, lo normal es que el Tribunal diga que ha perdido su objeto, con lo cual el recurso no tiene ningún sentido", añade.

Pero la intención es llevar al Pleno un borrador de la sentencia antes de verano, según avanzó este órgano, por lo que "en principio", explica Urías, afectará a la ley de 2010 y habría que ver los argumentos que aporta, "porque si son aplicables a la nueva ley, nadie votará a favor en el Congreso de los Diputados". Eso sí, no se aplicaría el fallo a la ley que prepara Igualdad siempre y cuando haya un mínimo cambio en la redacción de los ámbitos recurridos por el PP. 

Además, de darse ese supuesto, y en el caso de que se declaren inconstitucionales todos los artículos recurridos por los 'populares' (los que garantizan el derecho al aborto, los que se refieren a los menores de edad y los que determinan los plazos mínimos para abortar), "no se podría abortar en ese plazo" de forma libre entre la semana 14 y la 21, tal cual consta en la ley actual, y hasta que entrase en vigor la nueva norma. 

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