Pocas veces nos paramos a pensar en la interrelación que guardan algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre sí. En este texto vamos a poner un ejemplo claro de lo que no hay que hacer si queremos acercarnos a la meta de alcanzar y consolidar la igualdad de derechos para todas las mujeres, no solo de España sino del resto de países.
En un mundo en el que la población femenina se sitúa en torno al 52%, parece inviable restringir el acceso pleno de las mujeres a la Educación. Una ‘Educación de calidad’, como fija el ODS 4 que está íntimamente ligado con el ODS 5, ‘Igualdad de Género’. En el centro de esta intersección se encuentra la mujer, históricamente relegada a un segundo plano por razones de género y, aún hoy, en gran desventaja en amplias regiones del mundo.
No hay más que conocer la situación que se vive en Afganistán desde la llegada de los talibanes en agosto de 2021. Como denuncia Amnistía Internacional: “Con la llegada de los talibanes al poder, Afganistán se ha convertido en una cárcel a cielo abierto para las mujeres y las niñas. La esperanza de progreso y empoderamiento se ha transformado en un entramado de prohibiciones y castigos que silencian, controlan y someten a las mujeres afganas”.
Aunque la prohibición legal total es poco frecuente, el problema real es más amplio y se hace global: en muchos países, factores como la pobreza, el matrimonio infantil, la inseguridad o la discriminación cultural impiden a millones de niñas estudiar; en sanidad, en algunos lugares las mujeres necesitan permiso de un hombre para acudir al médico o no tienen acceso a profesionales femeninas, lo que limita gravemente su atención.
Estas situaciones nos llevan a pensar en el ODS 10, ‘Reducción de las desigualdades’, que lejos de reducirse, perpetúan que las mujeres tengan menos acceso a recursos, menor participación en la toma de decisiones y más probabilidades de desempeñar trabajos precarios o no remunerados. Esta realidad tiene un efecto multiplicador: familias enteras quedan atrapadas en ciclos de vulnerabilidad que podrían romperse si se garantizara la igualdad de oportunidades. Esta desigualdad estructural no solo es injusta, sino que frena el desarrollo de sociedades enteras.
Y una mayor brecha en esta desigualdad converge en el ODS 1, ‘Fin de la pobreza’. Es evidente que lo anteriormente mencionado nos lleva, no ya a acabar con la pobreza, sino a incrementarla a pasos agigantados. Negar la educación a la mitad de la población implica limitar el crecimiento económico, la innovación y la cohesión social.
Se trata de una verdad tan injusta como deplorable. Avanzar hacia el cumplimiento de estos cuatro ODS pasa por situar a la mujer en el centro de la acción y de las políticas públicas y sociales. Garantizar su acceso a la educación, su participación en igualdad de condiciones y su autonomía económica no es solo una cuestión de justicia, sino una estrategia imprescindible para erradicar la pobreza y construir sociedades más equitativas y sostenibles.
