El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado la primera reunión de seguimiento del convenio de colaboración suscrito con la Fundación CIEES para el impulso de las Unidades de Inclusión de personas con discapacidad intelectual en la Administración regional, para reforzar su apuesta por una función pública “inclusiva, accesible y justa”.
Así lo ha señalado el Consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras el encuentro que ha tenido lugar en la sede de la Consejería, en el que han participado representantes de las entidades sociales CECAP, CERMI Castilla-La Mancha y Plena Inclusión, a quienes ha agradecido su colaboración.
Ruiz Molina ha reiterado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con las personas con discapacidad intelectual que trabajan en la Administración regional tras haber superado los correspondientes procesos selectivos. En este sentido, ha indicado que “desde el año 2015 se han reservado más de 600 plazas para este colectivo en los distintos sectores de la Administración”.
Procesos independientes, con temarios y exámenes adaptados a lectura fácil
En esta línea, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha recordado que, en el ámbito de la Administración General, el Ejecutivo autonómico ha trabajado en dos líneas fundamentales. Por un lado, el desarrollo de procesos selectivos independientes para el cupo del dos por ciento que reserva la ley a las personas con discapacidad intelectual, una medida, ha dicho, que se hizo posible tras “la modificación de la Ley de Empleo Público en 2019”.
Y por otro, la “adaptación de los temarios y de los exámenes a lectura fácil”, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. Gracias a este sistema, ha señalado, 100 personas con discapacidad intelectual se han incorporado ya a la Administración regional, “tras superar un riguroso proceso selectivo”.
En este momento, tal y como ha afirmado el consejero, se está finalizando el proceso correspondiente a 46 plazas más incluidas en las ofertas de empleo público de 2023 y 2024, cuyos exámenes se han celebrado en septiembre del pasado año. Además, ha añadido, también se ha aprobado la reciente OEP 2025, que contempla un total de 61 plazas reservadas para este colectivo.
Con un seguimiento posterior a través de la Unidades de Inclusión
Durante su alocución, Juan Alfonso Ruiz Molina ha subrayado que el papel de la Administración no debe limitarse únicamente al acceso al empleo de este colectivo, sino que es necesario realizar un seguimiento posterior para analizar “la adecuada adaptación de las personas a su puesto de trabajo y la idoneidad de este en función de sus características específicas”.
En definitiva, ha dicho, garantizar la integración, autonomía y el progreso de las personas con discapacidad intelectual que trabajan en la Administración regional para facilitar su adaptación al puesto, su estabilidad laboral y su desarrollo profesional.
Con este objetivo, el consejero ha indicado que “se pusieron en marcha las Unidades de Inclusión”, a través de una “experiencia piloto” junto a expertos en la materia. Para lo cual, ha recordado, se ha firmado un convenio de colaboración con el Grupo de Entidades Sociales CECAP, que trabaja, conjuntamente, con la Dirección General de Función Pública en el desarrollo de esta iniciativa.
Y ha concluido señalando que, durante la reunión de seguimiento que ha tenido lugar este lunes, CECAP ha presentado los resultados obtenidos hasta el momento y ha trasladado una serie de “propuestas de mejora” para seguir avanzando en una función pública más inclusiva, accesible y justa. Entre las que ha destacado, la implantación de un protocolo de evaluación de la “especificidad para valorar la idoneidad del puesto de trabajo” y trabajar en el entorno en el que la persona con discapacidad va a “desarrollar sus funciones”.
Por su parte, el presidente de la Fundación CIEES, Andrés Martínez, ha querido felicitar y poner en valor la labor realizada por el Gobierno regional, ya que “ha tenido a bien avanzar en algo tan maravilloso como una estrategia de inclusión laboral en lo que es el acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual” y ha señalado que Castilla-La Mancha es la primera región que tiene esta implantación “de esta importante estrategia en la que CECAP hace una función técnica”.
También la presidenta de CERMI CLM, Cristina Gómez, ha puesto en valor la labor del Ejecutivo autonómico y ha destacado la “importancia del trabajo realizado para que las personas con discapacidad intelectual tuvieran un proceso selectivo ad-hoc”.
En la reunión también ha estado presentes el director general de Función Pública, José Narváez; el director general de Discapacidad; Francisco José Armenta; el gerente de CERMI CLM; José Antonio Romero; el presidente de Plena Inclusión, Daniel Collado, y la responsable de Empleo y Acogimiento de Plena Inclusión, Miriam Cañadas.
