También reconoce los "avances" que supone en accesibilidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) subrayó que las modificaciones operadas en la Ley de Propiedad Horizontal por el Real Decreto-Ley aprobado el viernes 14 de diciembre, por el Consejo de Ministros en materia de vivienda "suponen avances en relación con la accesibilidad, pero quedan aún lejos de satisfacer todas las demandas del sector social de la discapacidad".
Así lo reflejó el comité en una nota en la que subrayó que "tanto la medida de que las obras y actuaciones de accesibilidad en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal sean obligatorias, con independencia de la cuantía de las mismas, si existe ayuda pública de al menos el 75% del coste, como la elevación del fondo de reserva de la comunidad de propietarios y la posibilidad de destinarlo a sufragar inversiones de accesibilidad, eran algunas de las demandas de mejora que el Cermi había trasladado a la Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Fomento, en una reunión reciente, y que han sido recogidas en el Real Decreto-ley adoptado ayer por el Gobierno".
Por el contrario, "no han sido tomadas en cuenta otras", denunció. Éstas son "la rebaja de la mayorías requeridas para adoptar acuerdos sobre cuestiones de accesibilidad en el seno de las juntas de propietarios o el mandato al Gobierno para que refundiera en un texto único la vigente Ley de Propiedad Horizontal y la Ley sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas, del año 1995, para regularizar, aclarar y armonizar ambas disposiciones normativas".
A pesar de estos avances, agregó la entidad, "la solución completa pasa por la eliminación del límite de ingresos de la comunidad por cuotas comunes (12 meses en la actualidad) para que la obra sea obligatoria o no". El Cermi insistió en que las actuaciones de accesibilidad han de llevarse a cabo, "con independencia de su coste y de los ingresos, cuando las pida un vecino con discapacidad o mayor de 70 años, por tratarse siempre de un deber legal indeclinable de la comunidad".
El Cermi recordó también que, como se trata de un Real Decreto-ley, ha de ser convalidado por el Congreso de los Diputados, y puede, si así lo decide la Cámara, tramitarse como proyecto de Ley. Por ello, el comité pedirá a los grupos políticos "que se siga como iniciativa legal ordinaria, a fin de que se presenten enmiendas que amplíen su objeto, y se dé así satisfacción a todas las demandas del movimiento de la discapacidad".
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