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Según ha informado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, 668 plazas son para personal laboral, y en total hay 138 plazas reservadas para personas con discapacidad -un total de 73 para discapacidades de carácter general y 65 para discapacidad intelectual-, lo que implicará además exámenes específicos.

La Plataforma en Defensa de la Dependencia ha presentado dos recursos contenciosos administrativos contra la Junta de Comunidades.

La Plataforma, informó en un comunicado, denuncia que el Gobierno regional ha hecho «oídos sordos» y los dependientes «han comenzado a decir basta».

Los recursos presentados están referidos a un niño de 11 años, gran dependiente, y otro gran dependiente «con una valoración de un 100% de discapacidad y una enfermedad irreversible que le lleva a la muerte y que han sido dejados en el más absoluto abandono por parte del Gobierno regional».