Castilla-La Mancha pide flexibilizar la norma para modificar los contratos de obra pública y adaptarlos a los costes actuales y que no se detengan los trabajos
Castilla-La Mancha aplicará en su administración regional y también en las entidades locales las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno de España para revisar los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de precios de materiales. Este alza ha sido provocado por la situación de la guerra en Ucrania, pero también por la contingencia general provocada tras la situación de la pandemia.
Sin embargo, desde la Junta de Comunidades pedirán que las medidas que se contemplan en la normativa se flexibilicen aún más, debido a la situación “extraordinaria”. “Las materias primas han experimentado un importante incremento, con la demanda de la pandemia y la lenta recuperación de la capacidad productiva a nivel mundial como consecuencia de la pandemia, el incremento de los precios de transporte marítimo”, explicó el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.
La Junta quiere pedir más flexibilización ya que los contratos públicos se están poniendo en “serias dificultades”, y los operadores ven que está en “riesgo y ventura” lo que deben asumir. El decreto ley permite la revisión de precios hasta el 20%, pero sólo para contratos de obra y en el caso de materiales siderúrgicos, bituminosos, el aluminio o el cobre. Además, se excluye el coste de la energía, explicó Ruiz Molina, porque se están tomando medidas de otra índole, según explica el Gobierno de España.
Pero desde Castilla-La Mancha quieren más: que se pueda revisar más del 20%, que se incluyan contratos de servicios, por ejemplo, y también que se incluyan ortos materiales. “La obra pública es fundamental, no sólo para la generación de empleo, sino para la mejora de servicios públicos realizados a través de las obras. Este decreto solventa parte de los problemas a los que se enfrentan contratistas”, recalca. Pero también quieren que incluso la revisión de los precios pueda tener carácter retroactivo. Estas son las aportaciones que han hecho llegar al Ministerio de Hacienda.
En total, son unos 50 los que se verían afectados en Castilla-La Mancha, de más de 500.000 euros, y que afectan principalmente a las obras iniciadas desde la consejería de Educación, Sanidad y Bienestar Social, y en menor medida de Fomento, que son las consejerías “más inversoras”. Además, señala, también llega a las obras que se realizan en base a los fondos europeos 'Next Generation', ya que se sacaron licitaciones de acuerdo al mercado. “Pero en 2021 los precios han subido muy por encima de lo que puede asumir un contratista de la administración”, recalcan.
“No queremos que la situación suponga una paralización de las grandes obras de la administración”, recalcó el consejero, que señaló que dependiendo del caso hay contratistas que incluso pueden llegar a pedir una resolución del contrato y pagar la indemnización. También, explicó que existe la posibilidad de que las obras se queden desiertas por la “incertidumbre” de cómo puedan evolucionar los precios en un futuro.
