La Comisión de Políticas integrales para la discapacidad del Senado debatirá y dará luz verde al proyecto de ley para reformar la legislación civil y procesal en materia de discapacidad el próximo miércoles 5 de mayo, y el Pleno de la Cámara Alta hará lo mismo con toda probabilidad el día 12, una semana después.
El proyecto de Ley debe después volver al Congreso de los Diputados, pero “si todo va como está previsto, podría ser aprobado de forma definitiva y publicarse en el BOE antes incluso de que termine mayo”.
Así lo anunciaron a Servimedia fuentes socialistas, que se mostraron “muy satisfechas“ con el trabajo de todos los grupos que participan en la ponencia sobre este proyecto de ley.
Indicaron que hasta la fecha se han celebrado dos reuniones “en las que hemos llegado a amplios consensos”. Habrá un tercer encuentro justo antes de la Comisión del próximo miércoles, “a fin de ultimar flecos del preámbulo”.
Por todo ello, la previsión es que la reforma salga adelante “con un muy amplio respaldo”, tanto en la Comisión como en el Pleno.
Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta reforma busca acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad, y en su lugar propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma.
En esta línea, se eliminan las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como "poco adaptadas" al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.
En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar a las personas que lo necesiten las ayudas y ajustes necesarios (con recursos técnicos, materiales y humanos) para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como casarse, comprar una vivienda o hacer testamento.
Su objetivo es adaptar la legislación civil española a la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otros puntos establece su igualdad en cuanto a capacidad jurídica y prohíbe la discriminación en este ámbito.
