El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó  al ministerio de Universidades que se regule ya el establecimiento de una reserva de plazas para personas con discapacidad del 5% en el acceso a las enseñanzas universitarias de postgrado (máster y doctorado).

Así figura en el documento de propuestas que el Cermi ha remitido al ministerio de Universidades de cara al trámite de consulta previa al Proyecto de Real Decreto por el que se establecerá la Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español, en fase de alegaciones en este momento.

Según el cermi, el alumnado con discapacidad goza desde hace años de una reserva específica del 5% en el acceso a los estudios universitarios de grado, pero no así a los de posgrado, lo que, en su opinión, "supone una ruptura injustificada en la continuidad de apoyos a lo largo de todas las etapas de las enseñanzas superiores".

A su juicio, su regulación mediante Real Decreto supondría extender una medida de acción positiva que "se ha revelado útil a todos los estudios universitarios".

Además, "favorecería la llegada de más estudiantes con discapacidad a los grados superiores de estas enseñanzas, que abren la puerta a las carreras docente e investigadora", señaló.

https://www.servimedia.es/noticias/1249851

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El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle su preocupación por las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia ante la compleja situación que atraviesa todo el país debido a la pandemia del COVID-19.

Desde el CEDDD muestran el más absoluto apoyo en estos momentos y la disposición para colaborar en la reconstrucción de nuestra sociedad, poniendo el foco en los colectivos más vulnerables. En el actual contexto, las personas con discapacidad y/o dependencia tienen que afrontar la difícil situación ante esta emergencia que no sólo es sanitaria, sino que también una emergencia económica y social.

Ello conduce a que sea necesario una protección reforzada para estos colectivos con el objetivo de minimizar las consecuencias de la pandemia y evitar la exclusión social de estas personas con las medidas que se adopten.

Diversos son los ámbitos que requieren soluciones, no sólo de protección sanitaria, sino también en la vida educativa, laboral o asistencial de la discapacidad y la dependencia. Véase, por ejemplo, la reactivación en pleno estado de alarma de la Ley de Educación que elimina los Centros de Educación Especial, cuando miles de familias abogan por dicho sistema por ser el mismo acorde a las necesidades educativas de los niños.

En el ámbito del empleo protegido, tenemos la convalidación del Real Decreto-ley 3/2020 por el que se incorpora la directiva de contratación pública de determinados sectores la cual excluye a más de 1.300 Centros Especiales de Empleo de los 2.100 totales y a sus casi 50.000 trabajadores con discapacidad de los contratos reservados en la contratación pública; a ello se une la discriminación salarial de los trabajadores que, de acuerdo con el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, a igual trabajo reciben un salario diferente únicamente en función de la titularidad del Centro.

Nuevo modelo de recursos y servicios para la Dependencia

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