La integración en el mercado de trabajo es fundamental para eliminar el riesgo de exclusión social y pobreza que aún hoy amenaza a dos de cada cinco personas con discapacidad, en gran medida por el alto número de ellas que estando en edad laboral se encuentran en situación de inactividad.
Según datos del INE, las personas con discapacidad en edad laboral representan el 6,19% del total pero tras ese porcentaje se esconde un alto número de inactivos. Los datos del Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad del SEPE añaden que solo un 35% de ellas tienen empleo o lo busca mientras que el 25,9% están empleadas y el 26,2% en situación de desempleo.
Aunque el panorama es positivo en cuanto a contratación (ha aumentado un 109% en la última década, con 116.873 contratos en 2018 según los datos publicados, el número de parados está lejos de reducirse, subiendo un 118% en la última década y situándose en 143.553 el año pasado (más de la mitad de larga duración).
Para integrar a los trabajadores con discapacidad hay que derribar algunas barreras aún hoy existentes. La más importante es la de la Educación. Los datos del INE anuncian algunos niveles preocupantes, como el que establece que el porcentaje de analfabetismo entre las personas con discapacidad es del 5,07% frente al 0,44% de la población general.
A mayor nivel de formación, mayor tasa de ocupación y menor desempleo pero apenas el 3% de los jóvenes con discapacidad accede a educación superior por lo que las posibilidades de competir con garantías en el mercado laboral disminuyen.
El perfil medio de las personas con discapacidad es, según la encuesta de la campaña El filtro del empleo de Adecco, el de graduado en Formación Profesional un 33,2%, pero la visión negativa que aún se tiene sobre la FP a la hora de contratar sigue cerrando algunas puertas y fomentando la discriminación en el ámbito laboral.
Políticas de empleo para personas con discapacidad
¿Cuánto se destina a favorecer la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral? El Observatorio sobre discapacidad y mercado (Odismet) permite hacer una radiografía general de la situación a través de varios indicadores, como son el gasto público en política dirigidas al empleo con apoyo y rehabilitación o el gasto en ayudas concedidas a la integración laboral de personas con discapacidad.
Según datos de Eurostat, el gasto público en políticas dirigidas al empleo con apoyo y rehabilitación tanto en Centros Especiales de Empleo (CEE) como en empresa ordinaria ascendió en 2015 (último dato disponible) a 794,98 millones de euros, un 2,94% del total del gasto destinado a políticas de empleo y un 0,07% del PIB, quedando España en décima posición de los 20 países europeos con datos para ese año. La mayoría del gasto va para los CEE.
En el caso del gasto en ayudas para integración laboral de personas con discapacidad, la cifra ascendió en 2015 a 231 millones de euros, un 86,1% del total del gasto en ayudas de apoyo a la creación de empleo y un 0,021% del PIB, otra vez siendo destinada la mayoría de la cuantía a los CEE (en concreto, el 97,5% del total.
La plena inclusión de las personas con discapacidad no se producirá hasta el año 2249
En esta partida se incluyen los programas de apoyo a la creación de empleo para promover proyectos generadores de empleo, la financiación de costes derivados (por ejemplo, la contratación de equipos multidisciplinares de ayuda a los trabajadores o de preparadores laborales) o las subvenciones por contratación indefinida de personas con discapacidad en la empresa ordinaria (bonificaciones de cuota de Seguridad Social).
La Fundación Adecco, en una estimación a futuros, ha pronosticado que la plena inclusión de las personas con discapacidad, que celebran hoy su Día Internacional, no se producirá hasta el año 2249 y marca el aumento de la contratación en las empresas ordinarias como una de las grandes claves para revertir las cifras actuales.
