La Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2020 presentada este lunes en la Apertura del Año Judicial destaca el progresivo descenso de las demandas para limitar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o mayores en aplicación de la Convención de Nueva York, que supuso un descenso del 25,15% respecto al año anterior.
El ministerio público recuerda la creación de la plaza de Fiscal de Sala coordinadora de los servicios especializados en la protección de personas con discapacidad y atención a los mayores, creada en 2019, y que cierra la estructura nacional de los servicios especializados en la materia.
El pasado año, se registró un descenso de las diligencias preprocesales incoadas y tramitadas a causa de la pandemia y la paralización de los plazos procesales que fue del 22,5%. El volumen de casos pendientes fue también notablemente inferior (-21,67%).
En relación con el seguimiento de los centros residenciales y sociosanitarios de personas mayores y con discapacidad, la Fiscalía incoó en 2020 un total de 786 diligencias preprocesales de protección, un 4% del total de las incoadas.
En materia de apoyos a la capacidad jurídica, se registraron un 29,44% menos de demandas interpuestas por Fiscalía, continuando la tendencia decreciente de años anteriores de acuerdo con los criterios restrictivos de la limitación de la capacidad de acuerdo con la Convención de Nueva York. También hubo un 25,15% menos de demandas registradas en los juzgados.
En cuanto a los internamientos psiquiátricos involuntarios, la Memoria recoge que se mantiene la tendencia de los últimos años con un descenso en 2020 del 11,61%. Además, se registró un leve descenso del 4,5% del control de las tutelas con un total de 25.062 dictámenes.
