El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha que regulará la relación entre las 5.154 entidades sin fin de lucro -3.425 de ellas activas- y la administración, y que atienden a 400.000 personas de la región, sobre todo a las más vulnerables.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha aprobado este proyecto de ley, entre cuyas novedades ha mencionado que incluye la creación de un inventario del entidades del tercer sector social y apuesta por el desarrollo de nuevas fórmulas de concertación social, en particular, el concierto social.
Además, establece los principios rectores de la acción de las entidades, por ejemplo, la cooperación, la participación social, la solidaridad o la corresponsabilidad; así como también establece obligaciones como una gestión democrática y responsable.
Asimismo, se compromete a elaborar una estrategia del tercer sector y contempla el concierto social como una fórmula avanzada de concertación para la prestación de servicios públicos.
En ese sentido, Sánchez ha precisado que ese concierto social se materializará en un próximo decreto de concertación de dará tranquilidad y seguridad a las entidades que prestan los servicios, y que se asentará sobre esta ley del tercer sector y la ley de servicios sociales.
"Vamos a empezar a trabajar en un decreto de concertación que le dará tranquilidad y seguridad a las entidades que prestan los servicios públicos", ha dicho la consejera, quien ha añadido que esos servicios tienen continuidad en el tiempo pero se hacen convocatorias anuales, por lo que se pretende que tengan continuidad y seguridad.
Supera los 300 millones de euros anuales
Preguntada sobre el presupuesto de la ley del tercer sector, Sánchez ha explicado que no necesita memoria económica, pero según el estudio realizado con los últimos presupuestos regionales, la concertación de todas las áreas de la administración con el tercer sector supera los 300 millones de euros anuales, cifras que se están actualizando para 2019-2020, con la idea de tener una financiación "segura y continuada".
Otra novedad de la ley es que se crea una comisión para el diálogo civil, integrada por la administración y la mesa para el tercer sector, para impulsar un foro de diálogo, colaboración y cooperación permanente y así coordinar acciones a favor de los derechos sociales, la inclusión social y la lucha contra la pobreza y la exclusión.
El proyecto de ley, además, regula el desarrollo de una estrategia de promoción del tercer sector social, con medidas para el fortalecimiento de las organizaciones, para garantizar su participación en las políticas sociales, de empleo, igualdad y de inclusión.
La consejera ha recordado que la ley empezó a redactarse en 2016, en un Consejo de Gobierno abierto con la EAPN -red de lucha contra la pobreza-, con el fin de definir y ordenar por vez primera el tercer sector y regular la relación entre las entidades sin fin de lucro y la administración.
El tercer sector lo forman entidades que prestan un servicio público en colaboración con la administración, y en él están empleadas de forma directa 6.338 personas.
La consejera ha subrayado que esta ley es un compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre los principios de participación, diálogo y concertación para el bienestar de las personas, sobre todo de las más vulnerables.
