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La relatora especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalina Devandas, expresó en el Senado su "gran preocupación" por las esterilizaciones forzosas a las que son sometidas las mujeres con discapacidad, una práctica que "se da en casi todos los países del mundo". 

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, Devandas explicó que estas prácticas, "muy extendidas", son contrarias a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y pidió un cambio en las legislaciones nacionales para acabar con ellas.
 
Asimismo, instó a todos los Estados a promover la plena autonomía y capacidad jurídica de las personas con discapacidad y defendió la necesidad de sustituir los modelos de incapacitación jurídica y de tutela por sistemas basados en apoyos que fomenten la autonomía personal. Se refirió también a las reformas legales impulsadas por el Gobierno de España para fomentar la autonomía jurídica de este colectivo. "Ojalá que en la próxima legislatura salgan adelante", subrayó.
 
Dentro de la región iberoamericana, destacó la reforma planteada por Perú, "muy ambiciosa, en la línea de los planteamientos" de la Convención de la ONU, aunque señaló que "en general queda mucho por hacer". Devandas explicó que, entre otros puntos, estas reformas suponen garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad, el fin de la incapacitación jurídica completa y la sustitución de la tutela judicial.
 
La relatora también expresó su preocupación ante la mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad que se ven implicadas en procesos migratorios. "No solo se ven más expuestas a las amenazas y vulneraciones de derechos durante el tránsito", sino que "después encuentran mayores dificultades para acceder a los sistemas de protección social, de salud, de educación... en los países de acogida, así como a los procesos para regularizar su situación o solicitar asilo. Por ello, reclamó que todos los estados garanticen el acceso universal a sus sistemas de protección social a todos los migrantes con discapacidad.
 
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